04 Dic Castilla-La Mancha avanza en la reforma del Estatuto de las Personas Consumidoras con la aprobación del proyecto de ley
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de modificación del Estatuto de las Personas Consumidoras, una norma que actualiza la legislación autonómica de 2019 para adaptarla a los cambios producidos en la normativa estatal y europea, especialmente en materia sancionadora. Así lo ha anunciado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha destacado que esta reforma supone un impulso decisivo para reforzar la protección de las personas consumidoras y usuarias en Castilla-La Mancha.
En los últimos años, la normativa básica estatal ha introducido cambios relevantes que habían dejado desajustada la regulación autonómica. Para evitar contradicciones, la Comunidad Autónoma ha armonizado su marco legal. No obstante, Padilla ha subrayado que el avance más significativo es la concreción de situaciones que generan conflictos habituales, reduciendo la interpretación subjetiva prevista en las leyes generales.
La consejera ha señalado que conceptos como “información suficiente” o “atención insuficiente” podían generar dudas al tramitar reclamaciones. Con la reforma, se detallan supuestos específicos que se consideran infracción, como:
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No entregar hojas de reclamaciones.
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No facilitar un presupuesto por escrito.
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Retrasos injustificados en reparaciones.
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Cancelaciones sin aviso previo.
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Negativas a gestionar garantías.
“La inclusión expresa de estas situaciones garantiza mayor protección y permite sancionar con rapidez”, ha indicado.
Otro de los avances clave es el refuerzo de los criterios sancionadores ante abusos graves. La norma delimita con mayor precisión cuándo una infracción es grave o muy grave, incorporando ejemplos como cortes injustificados de suministros esenciales o subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia. Este nivel de concreción, más detallado que el de la normativa estatal o europea, aporta seguridad jurídica y facilita la actuación administrativa.
La reforma mantiene también las sanciones accesorias, como el cierre temporal de establecimientos, la suspensión de actividad o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas en casos de reincidencia, medidas que la portavoz ha considerado eficaces para prevenir prácticas perjudiciales.
Asimismo, el texto introduce un bloque de mejoras orientadas a reforzar la claridad normativa, definiendo con precisión los conceptos que determinan cuándo existe infracción y qué sanción corresponde. Esta delimitación evita dudas interpretativas y facilita la protección efectiva de las personas consumidoras.
En conjunto, la actualización del Estatuto configura un marco regional “más claro, más útil y más eficaz”, en palabras de Padilla, quien ha destacado que el objetivo es disponer de una Administración que proteja y que actúe con firmeza frente a vulneraciones de derechos.
Fuente: Castillalamancha.es
26 de noviembre de 2025