30 Abr Las Cortes regionales aprueban la modificación del Estatuto de las personas consumidoras
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la modificación del Estatuto de las personas consumidoras, una iniciativa legislativa que adapta la normativa autonómica a la legislación estatal en materia de defensa de los derechos de los consumidores.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que esta reforma responde a la necesidad de armonizar la normativa regional con los cambios introducidos en la legislación estatal, especialmente en lo relativo al régimen sancionador tras la modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La nueva redacción mejora la claridad normativa y refuerza la seguridad jurídica, al incorporar como infracciones las ya previstas en la normativa estatal, evitando duplicidades y simplificando su interpretación. Asimismo, se mantienen determinadas infracciones propias del ámbito autonómico, cuya redacción ha sido revisada para facilitar su comprensión.
Entre los objetivos de la reforma destaca también la eliminación de conceptos jurídicos indeterminados que pudieran generar dudas interpretativas, reforzando así las garantías para las personas consumidoras.
Durante su intervención, el consejero ha reconocido la labor de los profesionales de consumo tanto en la Administración regional como en las delegaciones provinciales, así como el papel de las entidades locales, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y las organizaciones sociales en la protección de los derechos de la ciudadanía.
En este sentido, ha subrayado la importancia de mantener y fortalecer la red de atención al consumidor, apoyada mediante subvenciones y colaboración institucional, así como el impulso de políticas públicas orientadas al consumo responsable, la promoción de productos locales y la prevención del desperdicio alimentario.
La modificación del Estatuto se enmarca además en estrategias regionales como el Plan Estratégico de Consumo Responsable y la Estrategia “Sin Desperdicio 2030”, y refuerza mecanismos de protección como la mediación y el arbitraje de consumo, especialmente en el caso de colectivos vulnerables.
Fuente: Castillalamancha.es
30 de abril de 2026