18 Dic Consumo abre expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por publicidad ilícita
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, encabezado por Pablo Bustinduy, ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras constatar que esta no retiró miles de anuncios con publicidad ilícita. Según la Dirección General de Consumo, integrada en el ministerio, la empresa había sido advertida previamente sobre la necesidad de cesar estas prácticas de forma «inminente».
La investigación comenzó en junio, cuando Consumo solicitó información a diversas plataformas de alquiler de viviendas turísticas sobre los anuncios publicados en sus sitios web. En el caso de la plataforma sancionada, se detectaron anuncios de alojamientos que no incluían el número de licencia obligatorio, incumpliendo el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Tras comprobar que los anuncios no habían sido retirados, Consumo procedió a incoar un expediente sancionador. Las prácticas identificadas podrían ser consideradas infracciones graves, con multas que oscilan entre los 100.000 euros y hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido, según lo estipulado por la ley.
Los anuncios detectados, que operaban en diversas comunidades autónomas, podrían generar “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”, según la Dirección General de Consumo. La normativa considera publicidad ilícita aquella que no cumple con los requisitos legales, como la inclusión del número de licencia turística, y las clasifica como prácticas comerciales desleales.
Este expediente sancionador se suma a una serie de investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. La semana pasada, se anunció una investigación dirigida a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas, mientras que desde octubre se mantiene abierta otra línea de investigación sobre posibles abusos cometidos por agencias inmobiliarias.
Entre las irregularidades investigadas figuran el cobro indebido de comisiones, contratos temporales sin justificación y cláusulas abusivas en los contratos de alquiler.
El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado su compromiso con el derecho a la vivienda, calificando la crisis habitacional en España como uno de los principales problemas del país. “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha señalado. Además, enfatizó que “ninguna empresa, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley”.
Con estas iniciativas, Consumo refuerza su vigilancia sobre el sector de la vivienda turística y reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.
Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
18 de diciembre de 2024