12 Dic Se intensifica el control sobre plataformas y gestoras de pisos turísticos por prácticas engañosas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha puesto en marcha una nueva investigación a través de la Dirección General de Consumo. El objetivo: analizar las actividades de grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en posibles infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en diferentes comunidades autónomas. Según la Ley de Competencia Desleal, se considera práctica engañosa cualquier conducta que incluya información falsa o que, aunque veraz, sea presentada de manera que pueda inducir a error al consumidor, alterando su comportamiento económico. La normativa también señala como engañoso el hecho de presentarse fraudulentamente como un usuario o consumidor, en lugar de como un operador profesional.
Un foco renovado en los alojamientos turísticos
Este proceso se suma a una línea de actuaciones que Consumo lleva desarrollando en el sector de los alojamientos turísticos. En junio, el Ministerio abrió una investigación contra plataformas que publicaban anuncios de pisos sin licencia turística, lo que también constituye una infracción legal.
En esta ocasión, el foco está en las gestoras que, incluso con viviendas licenciadas, podrían estar gestionándolas de forma irregular. Entre las prácticas bajo análisis se encuentran métodos publicitarios o reseñas que podrían inducir a error a los usuarios y usuarios, además de otros incumplimientos normativos relacionados con la intermediación en la oferta de estos alojamientos.
Vivienda y derechos de los consumidores
Paralelamente, el Ministerio inició en octubre una investigación sobre posibles abusos en la gestión de alquileres por parte de agencias inmobiliarias. Entre las irregularidades detectadas destacan comisiones indebidas, contratos temporales sin justificación legal y cláusulas abusivas que vulneran los derechos de los inquilinos.
Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral impulsada por Bustinduy para abordar la crisis de la vivienda en España. «Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares», ha señalado el ministro.
El Ministerio insiste en que ninguna empresa, por grande que sea, está por encima de la ley. Asimismo, se ha instado a todas las administraciones públicas a tomar medidas coordinadas dentro de sus competencias para combatir la especulación y garantizar el derecho a la vivienda.
Con estas investigaciones, Consumo refuerza su compromiso con la protección de los consumidores y usuarios en un sector clave y particularmente sensible como es el de la vivienda.
Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
12 de diciembre de 2024